España crea alrededor de 245.000 hogares al año, pero durante el ejercicio anterior solo se construyeron 92.000 viviendas nuevas. Esta diferencia ha generado un déficit acumulado próximo a las 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, según el Informe Anual 2025 del Banco de España.
Ante este escenario, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha presentado su Informe sobre la vivienda, un plan integral con 30 líneas de actuación previstas para los próximos veinte años. El colectivo trasladará el documento a todos los grupos parlamentarios con el objetivo de impulsar el consenso político.
Un plan con responsables, indicadores y plazos
La propuesta de los gestores administrativos asigna a cada medida un responsable, un indicador de seguimiento y un calendario de aplicación. Las primeras iniciativas deberían ponerse en marcha durante los 100 días iniciales.
Medidas previstas a corto plazo
En ese primer periodo se contempla reforzar la coordinación entre las administraciones urbanísticas, realizar una auditoría de las cargas administrativas, revisar la normativa de arrendamientos aprobada desde 2019 y establecer un marco de causa objetiva para el alquiler de temporada.
En un plazo de entre 12 y 18 meses, el informe plantea implementar una garantía público-privada frente al impago, una compensación automática para el pequeño propietario y una auditoría de trámites.
Objetivos para los próximos dos años
A los dos años, deberían estar en funcionamiento el Inventario Nacional de Suelo Disponible, una reforma urbanística con plazos máximos y silencio positivo, un marco para las cooperativas en cesión de uso y el alquiler asequible, las normas de colaboración público-privada y una propuesta de reforma de la ley de arrendamientos.
Producción residencial y vivienda asequible a largo plazo
Para el horizonte de una legislatura, situado entre cuatro y seis años, el plan reserva medidas como el Programa Nacional de Producción Residencial, que dará prioridad a las seis provincias con mayor déficit de vivienda.
También prevé implantar un expediente digital único, inicialmente en diez provincias, así como impulsar la construcción industrializada, la formación de mano de obra y una línea estable de rehabilitación.
En el plazo de veinte años, los gestores administrativos plantean que la producción de vivienda se ajuste al ritmo de creación de hogares, que el parque público y asequible permanezca protegido de manera permanente y que la evaluación de las políticas públicas se convierta en una práctica habitual.
